Si alguna vez has caminado por una quebrada en el sur de Quito, quizás te has cruzado con lo mismo: cerros de bloques rotos, costales de tierra, restos de lo que alguna vez fue una casa. Escombros. Materiales que, lejos de desaparecer, se amontonan al borde de ríos, contaminan el suelo y ponen en riesgo a quienes viven cerca.
Este tipo de residuos —provenientes de obras públicas, privadas o remodelaciones— se ha convertido en un problema ambiental de gran escala. En 2024, Quito generó más de 1,2 millones de metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, superando incluso la cantidad de basura doméstica producida por sus habitantes. Para dimensionarlo: es como llenar el estadio Rodrigo Paz Delgado… más de una vez.
Frente a este panorama, el pasado 10 de julio, la ciudad puso en marcha su primer Centro Piloto de Aprovechamiento de Escombros, una planta de reciclaje ubicada en Pifo que busca transformar 90.000 m³ de escombros al año en materiales reutilizables para nuevas construcciones.
Un modelo que ya ha funcionado en otras ciudades
La iniciativa está inspirada en experiencias similares desarrolladas en ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Buenos Aires, que llevan años aplicando modelos de economía circular en el sector de la construcción. En el caso de Quito, el proyecto es liderado por la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs-EP), con apoyo del sector privado (Holcim Ecuador) y académico (Sustainabuild).
La planta cuenta con una infraestructura de 7.000 m², en la que se recibe, clasifica y procesa el material. Según datos de Emgirs, una parte significativa de los escombros —principalmente bloques, concreto y tierra— puede ser reincorporada a nuevas obras. Holcim, por ejemplo, transforma parte de estos residuos en agregados reciclados que ya se están utilizando en proyectos de infraestructura.
Además, el municipio ha expandido su red de centros de acopio, pasando de dos a cinco en apenas un año. Esto permitió aumentar en un 69% la recolección formal de escombros entre 2023 y 2024, lo que representa un alivio directo para quebradas y zonas de riesgo.
La evidencia es prometedora, pero aún insuficiente
Entre los primeros impactos positivos se destaca la reducción en un 10% de la extracción de materiales vírgenes, como piedra y arena. Esto ayuda a conservar las canteras, reducir emisiones y alargar la vida útil de las escombreras actuales. Además, la planta se alinea con políticas ambientales locales, como la Ordenanza Verde-Azul, que busca proteger las cuencas hidrográficas del Distrito Metropolitano.
Sin embargo, en términos de escala, la respuesta aún es limitada. La planta apenas puede procesar el 7% del total de escombros que se generan anualmente. Para que la solución tenga mayor impacto, se requeriría una expansión significativa de la infraestructura y, sobre todo, cambios en la forma en que se gestiona el residuo desde la obra.
La separación en origen: un reto clave
Uno de los principales obstáculos es que la mayoría de residuos de construcción llega mezclada. Aunque algunas empresas constructoras ya separan los materiales en obra, la práctica no está generalizada. Esto dificulta el aprovechamiento de materiales reciclables como madera o acero, que deben ser derivados a otros procesos especializados.
Además, actualmente no existe una normativa que obligue a las obras a usar materiales reciclados, lo que reduce la demanda y pone en riesgo la sostenibilidad del modelo. Desde Emgirs se trabaja junto al Instituto Nacional de Normalización y al Ministerio del Ambiente para generar estándares que faciliten la adopción de este tipo de materiales, al menos en proyectos públicos.
