Por Andrea Orbe
En Ecuador, los niños y adolescentes ya no mueren principalmente por enfermedades o accidentes. Mueren asesinados. El homicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre adolescentes, y los datos son alarmantes: los asesinatos de niñas, niños y adolescentes (NNA) aumentaron un 935% en comparación con 2018, el año con la cifra más baja registrada.
El análisis fue presentado por Francisco Cevallos, consultor en temas de niñez y adolescencia, durante el encuentro “Derechos en primera plana: ética y niñez en el periodismo”, organizado por ChildFund International Ecuador. Según su exposición, el 2024 cerró con más de 600 adolescentes asesinados, un número sin precedentes que refleja el impacto directo del crimen organizado y la ausencia de políticas sostenidas de protección.
Una narrativa peligrosa
En medio de esta crisis, se ha instalado una narrativa inquietante: que el 60% de los integrantes de los grupos criminales serían niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no existe evidencia que respalde esa cifra.
“Es una afirmación repetida sin sustento, que termina reforzando el estigma sobre los jóvenes de sectores empobrecidos”, advierte Cevallos.
Lo que sí está comprobado es que el número de adolescentes asesinados ha crecido de manera desproporcionada, y que muchos enfrentan amenazas que los colocan en una encrucijada brutal:
“Si no delinques, te mato.”
Esa es una de las hipótesis que investigadores y organizaciones sociales observan en los territorios más golpeados por la violencia. En esos contextos, la línea entre víctima y victimario se vuelve difusa.
Una infancia bajo presión
De acuerdo con la evidencia presentada, la falta de servicios básicos, la fragilidad institucional y la presión económica —no tener qué comer, no poder estudiar, no ver futuro— son factores que aumentan la vulnerabilidad frente al reclutamiento delictivo.
“Los adolescentes están siendo empujados por la necesidad y por un sistema que no los protege”, explicó Cevallos.
El estudio muestra que la mayoría de las víctimas son hombres de entre 12 y 17 años, aunque las niñas enfrentan un riesgo creciente de violencia sexual, explotación y trata. A esto se suma que los casos de desapariciones aumentaron un 70% desde 2019, y el desplazamiento forzado se ha extendido por provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí y Los Ríos.
Una sociedad que no puede mirar a otro lado
Las cifras dibujan un panorama duro, pero también una oportunidad para actuar.
Organizaciones sociales, academia y cooperación internacional coinciden en que ignorar la magnitud del problema sería renunciar al futuro del país. Por eso, espacios como el de ChildFund Ecuador buscan poner sobre la mesa datos verificables que permitan diseñar políticas basadas en evidencia y no en percepciones o prejuicios.
El desafío, sostienen los expertos, está en pasar de la reacción al compromiso, y reconocer que la violencia que afecta a los niños es también un reflejo del abandono estructural que atraviesa al Ecuador.
Construir respuestas desde la evidencia
Organizaciones como ChildFund Ecuador, UNICEF y la COALICO impulsan alianzas regionales para enfrentar esta realidad desde la prevención. Sus líneas de trabajo incluyen fortalecer los vínculos familiares, recuperar espacios comunitarios seguros y garantizar acompañamiento psicosocial y educativo para los jóvenes en riesgo.
La directora de ChildFund Ecuador, María Auxiliadora Villagómez, resaltó que el papel de los medios es crucial:
“Promover una comunicación que respete la dignidad y los derechos de la niñez es esencial en tiempos donde la violencia ocupa titulares todos los días.”
Estas iniciativas buscan transformar la respuesta institucional y social: poner a la niñez en el centro de las decisiones públicas, no solo como víctimas de estadísticas, sino como protagonistas de un país que aún puede ofrecerles esperanza.
“Proteger a los niños no puede ser un deseo —dijo Cevallos—, tiene que ser una decisión colectiva. Porque si un niño muere por la violencia, la sociedad entera está fallando.”