Por: José Antonio Sánchez
El ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una bomba: los grilletes electrónicos los pagará quien se beneficie de la medida cautelar.
Dicho así, suena sensato, incluso lógico. La idea, en apariencia, es eficiente y para muchos, incluso aplaudible.
Pero para que eso se convierta en realidad tienen que pasar varias cosas y no, no se trata solo de aprobar una ley. En Ecuador, la discusión penal suele moverse entre dos extremos:
castigar más o garantizar derechos, y ahí aparece una tensión incómoda. Porque la sociedad, en general, no empatiza con quien delinque, al contrario: exige sanción, control y mano dura. Incluso, muchas veces, está dispuesta a tolerar que se vulneren ciertas garantías con tal de que haya castigo.
Pero hay una realidad jurídica que no se puede ignorar, el Estado no solo persigue delitos.
También está obligado a garantizar derechos, incluso de las personas procesadas y eso incluye algo clave: la presunción de inocencia.
El Código Orgánico Integral Penal permite el uso de grilletes electrónicos como una medida sustitutiva a la prisión preventiva. la lógica es clara: no todas las personas deben ir a la cárcel mientras enfrentan un proceso, pero hay un detalle importante: la ley no dice que el procesado deba pagar por ese dispositivo, y en derecho público, solo se puede hacer lo que está escrito y eso no es menor, por lo que el Estado no puede cobrar lo que la ley no le autoriza.
Si el Gobierno quiere que esta idea funcione, necesita algo más que voluntad política. Se requiere: Una reforma legal clara, una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ya que las medidas cautelares y sus condiciones solo pueden establecerse por ley. Esa reforma debe ser aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador, mientras que el Ejecutivo tendría luego que emitir un reglamento que defina cómo se aplicará el cobro. Sin embargo, no se trata solo de crear la obligación de pago, sino de diseñar un sistema que incluya criterios de equidad, exoneraciones y subsidios. De lo contrario, la medida podría vulnerar derechos como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. En el fondo, el desafío no es solo legal, sino estructural: evitar que el acceso a una medida sustitutiva dependa del dinero.
Porque si pagar el grillete se vuelve condición para no ir preso, la medida deja de ser jurídica y pasa a ser económica.
En países como Estados Unidos, el sistema de fianzas económicas permite que una persona pague para enfrentar su proceso en libertad. En teoría, es una garantía; en la práctica, termina funcionando como un filtro económico, una especie de arraigo mayor, donde la justicia se reduce a una lógica simple: quien tiene dinero sale, quien no, se queda. A esto se suma el uso de grilletes electrónicos pagados por los propios procesados, con tarifas que pueden ir entre 10 y 35 dólares diarios, lo que en muchos casos termina generando deudas incluso en personas que aún no han sido condenadas.
En contraste, en varios países de Europa y en gran parte de América Latina, el costo de estos dispositivos lo asume el Estado, bajo la lógica de que se trata de una herramienta de control dentro del sistema de justicia y no de un servicio que deba ser financiado por el procesado. Así, lo que se presenta como una alternativa a la prisión puede convertirse, según cómo se implemente, en una forma de control condicionada al ingreso, donde la libertad deja de depender del análisis judicial y empieza a depender del bolsillo.Y eso ha sido duramente cuestionado por generar desigualdad en el acceso a la justicia. Si Ecuador avanza en esta propuesta sin ajustes, podría enfrentar un problema similar.
Porque el riesgo no está en el grillete. Está en lo que representa: Que la libertad deje de depender del análisis del juez y empiece a depender del bolsillo. Y ahí se cruza con la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza igualdad ante la ley.
La idea puede parecer eficiente en el corto plazo: Reduce costos al Estado, amplía el uso de medidas alternativas, descongestiona cárceles. Pero en el largo plazo, si no se diseña bien: Puede generar más desigualdad, puede ser cuestionada constitucionalmente y puede perder legitimidad social
Una medida pensada para evitar abusos, no puede terminar generando otros y porque en justicia, hay una línea que no se puede cruzar, cuando el acceso a la libertad depende del dinero, ya no estamos hablando solo de seguridad, estamos hablando de desigualdad.