La primera ley urgente de Noboa reabre el debate sobre poder, seguridad y garantías
Por José Antonio Sánchez – Central360
El Gobierno de Daniel Noboa ha presentado su primera ley urgente en materia económica con un objetivo ambicioso: desarticular las economías criminales que alimentan la violencia en Ecuador. Bajo el título de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, la norma propone medidas extraordinarias para neutralizar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Pero, ¿qué se está poniendo en juego? ¿La seguridad de los ciudadanos o el equilibrio del Estado de derecho?
¿Qué plantea la ley?
El proyecto crea un régimen legal especial que permite al Presidente de la República declarar la existencia de un conflicto armado interno sin necesidad de un estado de excepción. A partir de ese decreto, el Ejecutivo puede aplicar medidas económicas, financieras y operativas destinadas a cortar el flujo de recursos que sostienen a mafias, pandillas y grupos armados organizados.
Entre las herramientas planteadas están la confiscación de bienes, el control del sistema financiero y la intervención en sectores estratégicos donde el crimen ha ganado terreno: minería ilegal, narcotráfico, extorsión y contrabando.
Un país cercado por la violencia
La propuesta no surge en el vacío. Ecuador cerró 2023 con más de 8.200 homicidios, el 94% de ellos vinculados a violencia criminal. Las provincias más golpeadas, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro, viven una realidad donde los carteles mandan más que el Estado, y donde la extorsión, el sicariato y los toques de queda impuestos por bandas ya no sorprenden a nadie.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha defendido el proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal, argumentando que: «Este proyecto de ley que hemos presentado pretende atacar las economías criminales. Veamos si la Constitución está a tono con esta propuesta. Lo que se busca es un sistema de seguridad para fortalecer a las Fuerzas Armadas» .
Además, señaló que: «No tenemos tiempo que perder. Por ello hemos presentado un proyecto de ley que busca resolver el conflicto armado interno de una manera eficaz y eficiente»
El debate constitucional
Desde el oficialismo, la respuesta es afirmativa. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha asegurado que el proyecto busca “fortalecer a las Fuerzas Armadas” y actuar “de manera eficaz y eficiente” frente al avance del crimen organizado. “Veamos si la Constitución está a tono con esta propuesta”, señaló, justificando la urgencia del marco normativo.
Sin embargo, constitucionalistas como Alexander Barahona advierten que si bien la amenaza es real, el Estado debe actuar dentro de los límites del derecho. “El fin no puede justificar cualquier medio. El combate al crimen debe respetar la legalidad y los derechos fundamentales. De lo contrario, el remedio puede agravar la enfermedad institucional.”
Otros expertos, como Edison Guarango, cuestionan el uso de la figura de urgencia económica para una ley que incluye medidas penales y de seguridad. Argumenta que esto podría ser inconstitucional por violar el principio de unidad de materia y por otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias sin control legislativo.
Además, otros constitucionalistas como Daniel Gallegos y Aldrín Gómez han expresado que la ley podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional debido a múltiples violaciones constitucionales, incluyendo:
- Asignar funciones judiciales al Bloque de Seguridad.
- Crear una figura paralela al estado de excepción.
- Permitir indultos presidenciales antes de una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Preocupaciones desde los derechos humanos
Organizaciones como INREDH también han encendido las alarmas. Consideran que el proyecto abre la puerta a allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y restricciones al debido proceso. Advierten que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, podría consolidar un modelo autoritario bajo la justificación del combate al crimen.
El abogado Fernando Bastias coincide: “El presidente puede calificar de urgente un proyecto, pero eso no lo exime de cumplir con el marco constitucional. No encuentro en la ley los criterios que definan una política económica según lo establece la Constitución”.
¿Seguridad o democracia?
El país necesita respuestas firmes frente al crimen, pero también respetar los principios constitucionales que lo sostienen como república democrática. La ley de Noboa abre un dilema profundo: ¿cómo enfrentar a estructuras narcomilitares sin cruzar los límites del poder?
El dilema no es nuevo, pero hoy es más urgente que nunca. ¿Se puede combatir una amenaza tan compleja y peligrosa como el crimen organizado sin afectar derechos fundamentales? La respuesta no es sencilla, pero sí clara para muchos juristas: sí se puede, siempre que se respeten los límites democráticos, se establezcan controles institucionales y se asegure la proporcionalidad de las medidas.
El desafío es construir un marco legal fuerte, legítimo y efectivo, que desarme a las mafias sin desarmar la Constitución. Ese es el verdadero reto de este momento histórico.
Esa es la discusión que hoy divide al país. Y que definirá no solo el rumbo del gobierno, sino el tipo de Estado que Ecuador está construyendo frente a la violencia.
