Por: José Antonio Sánchez
En política, las coincidencias rara vez pasan desapercibidas.
Y cuando varias decisiones judiciales, administrativas y legislativas ocurren casi al mismo tiempo, la pregunta inevitable aparece: ¿estamos ante una defensa del Estado de derecho o frente a una intervención quirúrgica en la democracia? Esa es la discusión que hoy atraviesa al Ecuador.
En los últimos meses se han acumulado hechos que tienen como protagonista, directa o indirectamente, al movimiento político Revolución Ciudadana (RC) y a algunos de sus dirigentes. Mientras el gobierno sostiene que se trata de acciones contra la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento ilegal de la política, desde la oposición se denuncia una estrategia para debilitar o incluso desaparecer a su principal fuerza política.
Uno de los episodios más visibles es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
El burgomaestre enfrenta procesos judiciales en el denominado caso Triple A y en el caso Goleada, investigaciones que lo vinculan con presunta comercialización ilegal de combustibles y lavado de activos.
En el primer proceso, inicialmente se le dictó la medida cautelar de portar un grillete electrónico. Sin embargo, la Fiscalía pidió cambiar esa medida por prisión preventiva, argumentando que el dispositivo registró miles de alertas e incluso eventos de posible manipulación.
El tribunal finalmente aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva en el caso Triple A, lo que se sumó a la medida similar que ya cumplía por el caso Goleada.
Para el gobierno y la Fiscalía, se trata simplemente de la aplicación de la ley ante presuntos delitos graves.
Para sectores de la oposición, en cambio, el encarcelamiento de un alcalde electo representa una señal política.
En paralelo, el debate político también se trasladó al terreno institucional.
La discusión sobre reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) ha generado preocupación en algunos gobiernos locales. Varios analistas sostienen que cambios en las competencias o en el manejo presupuestario podrían afectar especialmente a grandes municipios como Quito, Guayaquil o Cuenca.
Estos gobiernos locales han construido una relación directa con la ciudadanía mediante servicios sociales, guarderías, comedores comunitarios, programas de salud o educación, que muchas veces suplen vacíos del Estado central.
Reducir esas capacidades, sostienen algunos alcaldes y analistas, podría debilitar el poder político territorial de las administraciones locales.
Otros, sin embargo, consideran que se trata simplemente de ordenar competencias y evitar duplicidades entre el gobierno central y los municipios.
La tensión política escaló aún más con la aparición del llamado caso Caja Chica.
La Fiscalía investiga un presunto esquema de financiamiento irregular para campañas políticas, que habría incluido dinero proveniente de Venezuela. En el marco de esa investigación se realizaron allanamientos y diligencias contra figuras vinculadas al correísmo.
A partir de ese proceso, el Tribunal Contencioso Electoral decidió suspender al movimiento Revolución Ciudadana durante nueve meses, una decisión que, según sus dirigentes, les impediría participar plenamente en las próximas elecciones seccionales.
Para el oficialismo, el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. Para la oposición, en cambio, se trata de un intento de eliminar a un competidor político. Pero más allá de las posiciones políticas, hay una pregunta que pocos parecen dispuestos a discutir en profundidad:
¿Hay delito o no hay delito?
Porque una democracia sólida debe ser capaz de sostener dos principios al mismo tiempo:
- Combatir la corrupción y el crimen organizado, incluso cuando involucra a actores políticos.
- Garantizar el debido proceso, incluso cuando el acusado es impopular o pertenece a la oposición.
Si el sistema judicial actúa sin pruebas, la democracia se debilita.
Pero si el sistema judicial deja de actuar por temor a ser acusado de persecución política, también se debilita.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde la justicia fue utilizada como arma política. Pero también existen casos donde la denuncia de persecución fue utilizada como escudo frente a investigaciones legítimas.
Por eso el debate no puede reducirse a consignas.
Ni todo proceso judicial es persecución política. Ni toda investigación contra un político es necesariamente justicia.
La clave está en tres elementos fundamentales:
- Transparencia en las investigaciones
- Respeto estricto al debido proceso
- Independencia real de los jueces
Si esos principios se cumplen, la democracia se fortalece. Si se vulneran, entonces sí podríamos estar frente a algo más que una investigación judicial.
El Ecuador vive hoy un momento complejo: violencia criminal, crisis institucional y una profunda polarización política. En ese contexto, cada decisión judicial se interpreta políticamente y cada acción política termina judicializada.
La gran pregunta que queda en el aire es esta:
¿Estamos viendo a la justicia actuar contra posibles delitos o estamos presenciando una cirugía en el sistema político ecuatoriano?
La respuesta, como casi siempre en democracia, no dependerá solo de los jueces. Dependerá también de la transparencia de las instituciones, de la vigilancia de la ciudadanía y, sobre todo, de que el país no pierda de vista lo esencial:
La justicia no puede ser un arma política, pero tampoco puede dejar de existir por miedo a la política.