En los últimos días, una imagen ha dado de qué hablar en Ecuador: el presidente Daniel Noboa reunido con Erik D. Prince, el fundador de la controvertida empresa militar privada Blackwater. ¿Qué hace este personaje sentado con un jefe de Estado? ¿Qué representa realmente su presencia en un país que lucha por contener el crimen organizado?
Más allá de la foto, hay una historia que conviene entender. Porque Blackwater no es cualquier empresa. Y Erik Prince no es un asesor cualquiera.
¿Quién es Erik Prince?
Exoficial de la Marina de Estados Unidos, multimillonario, ultraconservador y empresario, Erik Prince fundó Blackwater en 1997. Su objetivo inicial era ofrecer entrenamiento táctico y servicios de seguridad a agencias gubernamentales, pero rápidamente su empresa pasó a convertirse en una fuerza paramilitar privada al servicio de operaciones en zonas de conflicto.
Prince es, para muchos, un símbolo del negocio de la guerra tercerizada: confidencialidad, contratos millonarios, operaciones grises y escasa rendición de cuentas.
¿Qué es exactamente Blackwater?
Aunque el nombre Blackwater ya no existe como tal (fue rebautizada primero como Xe Services y luego como Academi, ahora parte del conglomerado Constellis), el sello de la compañía permanece imborrable por su historial. Se trata de una empresa militar privada, o lo que muchos llaman “mercenarios modernos”. Ofrecen desde protección de dignatarios hasta entrenamiento táctico, inteligencia, combate y operaciones especiales.
En otras palabras: una fuerza paralela que actúa como ejército privado, pero sin ser ejército, ni responder a leyes internacionales con la misma rigurosidad.
¿Con qué gobiernos ha trabajado?
Blackwater alcanzó notoriedad mundial tras ser contratada por el gobierno de Estados Unidos durante la guerra en Irak. Allí llegó a tener más de 1.000 agentes en el terreno y contratos por cientos de millones de dólares.
Pero la fama no vino solo por su efectividad. En 2007, agentes de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes en la plaza Nisour, en Bagdad. El hecho provocó indignación internacional y terminó con parte de sus empleados condenados por crímenes de guerra. Ese episodio marcó para siempre la imagen de la empresa y puso en duda la ética de externalizar la seguridad estatal a contratistas privados.
También han trabajado en Afganistán, Yemen, Somalia y otros territorios de conflicto, muchas veces con operaciones al filo de la legalidad o completamente fuera del radar de organismos multilaterales.
¿Qué prácticas utilizan?
El entrenamiento de Blackwater (y sus empresas sucesoras) se basa en técnicas militares de combate, inteligencia y contrainsurgencia. Sus agentes suelen ser exmilitares de élite, entrenados en escenarios urbanos y zonas de guerra.
Pero más allá del profesionalismo de sus cuadros, lo que ha generado mayor polémica es su modo de operar con autonomía, sin escrutinio público y con fuerte carga ideológica en sus misiones. En varios países, incluso, han sido señalados por represión a poblaciones civiles, tareas de espionaje y apoyo a regímenes autoritarios.
¿Qué imagen tiene a nivel internacional?
Dividida. Para algunos gobiernos, es sinónimo de eficiencia militar y combate directo. Para otros, es un símbolo del militarismo privado sin control, un negocio oscuro que transforma la guerra y la seguridad en productos con precio, clientes y beneficios.
Mientras en ciertos círculos se la sigue contratando bajo el argumento de “resultados rápidos”, en la comunidad internacional de derechos humanos y seguridad global, Blackwater es vista como un actor polémico y riesgoso, más cercano al mundo del conflicto que al de la paz.
¿Es conveniente que asesore a Ecuador?
Aquí entra el debate real.
Ecuador enfrenta un momento crítico: crimen organizado desbordado, cárceles tomadas por mafias, sicariato desatado y narcotráfico con tentáculos por todo el aparato estatal. Buscar asesoría internacional es válido. Pero ¿es Erik Prince y su estructura mercenaria el camino correcto?
Porque una cosa es entrenar fuerzas locales con metodologías modernas. Otra, muy distinta, es abrir la puerta a modelos de seguridad sin transparencia, con antecedentes de violación a derechos humanos, y cuya lógica no es la seguridad ciudadana, sino la lógica del conflicto armado.
El problema no es solo operativo. Es ético, institucional y estratégico. ¿Puede una democracia joven y golpeada confiar su política de seguridad a un actor con ese historial?
La reflexión final
En tiempos de crisis, las soluciones rápidas siempre suenan tentadoras. Pero la seguridad no se construye solo con balas, entrenamiento táctico o presencia de élite. Se construye con instituciones fuertes, inteligencia civil, justicia que funcione y políticas públicas integrales.
Importar modelos de guerra puede ser una salida… pero a veces, una salida que lleva directo al abismo.
